1. Necesidades y derechos: La organización
para los derechos políticos no debería apartarse
de las necesidades prácticas
2. Comenzar con las soluciones de las
mujeres: Como siempre, cuando los estados
renuncian a su responsabilidad de atender
las necesidades básicas de bienestar de sus
ciudadanas y ciudadanos
3. Colocar el poder y la política en el
primer plano de los análisis y estrategias:
Las iniciativas para traducir los conceptos
económicos y políticos (incluyendo los
derechos) generalmente lo que hacen es
apenas simplificar la terminología hermética
sin establecer relaciones con los problemas
económicos de la vida real y las realidades
políticas.
4. Comprometer el corazón y la cabeza:
Para un cambio perdurable, las estrategias de
reducción de la pobreza y de empoderamiento
deben ayudar a las personas a comprender y
cuestionar el saber económico convencional y
a identificar las instituciones e intereses que se
benefician de él.
5. Construir puentes entre movimientos,
ONG y otros grupos: Los movimientos
sociales, así como las ONG, deben tomarse
el tiempo para desmantelar los supuestos
y garantizar una comunicación clara, pues
solemos emplear un lenguaje común sobre el
cambio (desde el feminismo a la justicia racial),
6. Revisar y perfeccionar los conocimientos
sobre los problemas económicos clave y sus
soluciones: Si bien existe una preocupación
entre diversos grupos por el reparto de las
porciones del “pastel”económico, también les
importa poder poner en cuestión los supuestos
que definen el tamaño de ese “pastel” y las
normas que rigen a las personas en cuanto
al acceso a ella
7. Revisar las metas de incidencia y puntos
de entrada tradicionales: Ante la escasez
de recursos y capacidades, se torna necesaria
la siguiente pregunta: ¿Cuándo es válido un
espacio político? Algunos espacios políticos,
como la agenda de los ODM y el Banco
Mundial, con sus agendas “precocidas” y
controladas deben ser evaluados y comparados
con la alternativa de espacios de reclamos
políticos para promover los derechos de las
mujeres y los intereses de la justicia económica,
tanto en el sector público como en el privado.4
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